Esta noticia nos habla del informe anual estadounidense en el que se evalúa la acción de sus socios comerciales con relación al robo de propiedad intelectual. Aquí trataré de analizar este informe como una actuación puntual dentro de toda una política económica sectorial (del sector productivo intelectual), evaluando su coherencia respecto a los objetivos. El caso también nos da algunas pistas sobre cómo funciona este mercado llamado global. Finalmente, propondré una alternativa que resulte más coherente con el contexto.[1]
Para empezar, debemos hacer notar la importancia del sector para la economía en su conjunto. Como el “Special 301 Report” recoge, 18 millones de estadounidenses trabajan en industrias intensivas en capital intelectual: podemos imaginar discográficas y productoras de cine, pero también programadores informáticos, escritores, diseñadores de moda o investigadores susceptibles de establecer patentes, como el sector farmacéutico. No es de extrañar por tanto que Estados Unidos se plantee estas cuestiones. Sin embargo, el informe va más allá de ser un documento descriptivo: se trata de una pauta, de unos criterios normativos mediante los que se pone en juicio las políticas económicas de terceros países, a los que se vigila[2]. Evidentemente, Estados Unidos tiene un peso comercial y de inversión suficiente como para ejercer una potestas real (aparte de su auctoritas) sobre dichos terceros países. Una vez conscientes de este hecho, podemos analizar el contenido de esos criterios, lo que nos dará una imagen del mercado de la propiedad intelectual que se toma como modelo.
Estos criterios pueden derivarse de las razones por las que República Checa, Hungría y Polonia han conseguido salirse de la lista de máxima vigilancia. Alguna de estas medidas fueron: el control fronterizo, el aumento de penas penitenciarias para los delitos contra la propiedad intelectual, la ilegalización de las descargas gratuitas de internet y la realización de campañas publicitarias. En resumen, la criminalización –legal y cultural- y el consecuente castigo. Para esto, Estados Unidos ofrece todo su apoyo técnico y de formación.
Así vemos la otra cara de la globalización. Una globalización que no sigue el dogma desregulador cuando lo que se pone en juego es la protección de la propiedad privada; de hecho, el informe pide “reforzar las fronteras” para controlar el paso de mercancía pirata. Por tanto, un capitalismo que se disfraza de no intervención pero que necesita de la intervención para su propia existencia; para el mantenimiento de sus instituciones principales. Y unos Estados Unidos que se postula como “vigilante” de ese orden, que pretende ser mundial.
Tenemos que dejar de ver dichas instituciones como dogmas y empezar a evaluar su utilidad para el bienestar de la sociedad; en definitiva, no podemos elevar a objetivo de política económica lo que no es más que un instrumento. Esto es algo que el sentido común de la opinión pública suele reivindicar, por ejemplo, en relación con las farmacéuticas. En ese caso concreto, las patentes generan unos ingresos descomunales mientras la inmensa mayoría de la población mundial no logra cubrir sus necesidades básicas. Por tanto, es un caso de mala distribución causada por el mercado, en el que una intervención estatal está más que justificada. Por esta razón, muchos de nosotros no podemos considerar la piratería de estado contra dichas farmacéuticas como inmoral; más bien la alentamos y deseamos.
Por supuesto, el gran problema que se plantea es la puesta en riesgo de los trabajadores y del trabajo mismo que estas industrias realizan. Este es, por ejemplo, el argumento esgrimido por las sociedades de autores y productores de cine y música en nuestro país. La solución propuesta, de nuevo, es la criminalización. Se espera conseguir que todo el mundo adquiera sus canciones por internet pagando un precio; sin embargo, hoy en día siguen disponibles de forma gratuita.
La complejidad se deriva de la propia naturaleza de la propiedad intelectual: ¿cómo nos impedirán prestar una película a un amigo? ¿Cómo penalizar por hacer una fotocopia de una página de un libro? De hecho, ¿deberían cobrarnos por contarle a un amigo la trama de la última novela que leímos? El problema aparece por tanto al tratar de distinguir elementos con protección de aquellos sin protección, pero también para argumentar hasta dónde es justo que estén protegidos (¿podemos justificar los millonarios beneficios de las farmacéuticas?) y en qué forma deben estarlo.
El criterio tomado en España en lo audiovisual es que no habrá penalización si no hay ánimo de lucro, lo que nos convierte en uno de los países “piratas”, tal y como el artículo reza en su titular. Sin embargo, esto no pone solución al problema, pues para que una película esté colgada en la red sólo es necesario que una persona haya comprado el DVD- y, evidentemente, el precio de un solo DVD no cubre la producción del más corto de los cortometrajes.
Para compensar, la otra medida adoptada es el pago de un impuesto (el llamado “canon”) que encarece aquellos productos que pueden ser utilizados para el almacenaje o copia de bienes audiovisuales (adquiridos legal o ilegalmente), revirtiéndose lo recaudado a los autores organizados. Este sistema es a todas luces injusto: no es progresivo, no grava exclusivamente los bienes que debe gravar, y no revierte sobre todos los autores sobre los que debería hacerlo (y aún menos lo hace de forma proporcional a su éxito comercial).
Los mismos avances que han generado el problema pueden dar la solución. Lo que propongo es el establecimiento de una plataforma estatal que centralice las descargas legales, gracias a la que el pago a los creadores se pueda hacer teniendo en cuenta el éxito o fracaso de sus creaciones, aunque asegurando unos límites mínimos y máximos de recaudación. En definitiva, es lo que hacemos ya con los partidos políticos. Así, el peso podría repartirse de forma progresiva entre los contribuyentes, teniendo en cuenta tanto el uso que cada cual realizara del sistema como su capacidad adquisitiva. Además, la persecución de otras vías de descarga sería legitimada; más aún, quedarían superadas por un servicio de mayor calidad, libre de virus y archivos fraudulentos. Como se ve, la propuesta no encaja en el esquema de no-intervención dominante; sin embargo, como hemos visto, ese esquema no sólo es una fachada, sino que además deriva en injusticias y crisis. Esperemos el cambio.
[1] El informe fue consultado el día 3 de mayo de 2010 a través del enlace: http://www.ustr.gov/webfm_send/1906
[2] De hecho, en la web citada se habla del informe como una “Watch List”: es decir, una lista de países vigilados atentamente. Todos sabemos a quién se vigila: a un preso, o a un niño; pero nunca a un compañero. La vigilancia es el paso previo necesario para el control, y podríamos recordar en este punto los trabajos de Javier Roiz sobre la Sociedad Vigilante.
2 comentarios:
Pedro! Me gusta tu blog!!!
Joer! No habia reparado hasta hoy de tu creación. Lo leeré asiduamente e intentaré que por La Rioja se te lea algo, que seguro que aprendemos mucho!
Un abrazo!
ei! hacía mucho que no escribía nada...de hecho, esto es un trabaj de política económica!
un besaco!!
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